Insiste en que su duración o tratamiento no se ajusta a la normativa
16 de febrero de 2023 . Actualizado a las 05:00 AM.
La Comisión Europea anunció ayer la apertura de un expediente contra España por dos aspectos de la ley que regula las concesiones en la costa que vulneran la legislación comunitaria. Por un lado, la Comisión considera que el Gobierno español no ha implementado un procedimiento de concesión que garantice una selección transparente y justa. Por un lado, afirma que la posibilidad de prorrogar privilegios hasta por 75 años sin justificación es contraria a las normas de la federación.
En un comunicado, el comité explicó que la Ley de Costas española prevé la posibilidad de otorgar concesiones para construir instalaciones permanentes, como restaurantes, granjas e industrias papeleras o químicas, en el denominado dominio público terrestre-marítimo, fuera de los puertos. . Sin licencia Procedimientos de selección transparentes y abiertos. Bruselas sostiene que este extremo y la posibilidad de ampliar los privilegios hasta los 75 años, de nuevo sin proceso de selección, contravienen la Directiva de Servicios de la UE.
Como en el caso de la presentación ayer de otros países, la Comisión dio dos meses a España para responder al informe y subsanar las deficiencias normativas que había descubierto. En caso de que este órgano no considere satisfactoria la respuesta, iniciará un procedimiento para enjuiciar a España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Antes de llegar a este punto tendrá lugar una fase previa, la del llamado dictamen motivado, en la que se podrá buscar una solución negociada entre la Comisión y el Gobierno español.
Gobierno y Xunta
El Ministerio de Transformación Ambiental y Reto Demográfico ha confirmado que conoce la apertura del expediente y lo está analizando, aunque de momento no puede adelantar cuáles serán las consecuencias para el litoral gallego y para concesiones como la de Ence, cuyo 75 -La extensión del año fue aprobada la semana pasada por la Corte Suprema.
Desde la Xunta, fuentes del Ministerio de Medio Ambiente explicaron que por el momento el único conocimiento del expediente proviene de una carta de emplazamiento colgada en la web de la Comisión Europea. En este mensaje se anuncia que se impondrán medidas para garantizar el funcionamiento del mercado único de servicios. En la citada carta, también se informó que se habían abierto 24 expedientes, incluido uno alusivo a incumplimientos de la legislación costera.
Las mismas fuentes agregaron que la respuesta debe ser del gobierno central, ya que las normas antes mencionadas son de su competencia. El ejecutivo gallego ha expresado su confianza en que Madrid informará a todas las comunidades autónomas costeras para iniciar, si así lo decide, el proceso de reclamaciones.
Además, con respecto al caso concreto de Ence, la consejera ha indicado que por el momento solo conocen una sentencia del Tribunal Supremo que coincide con el Gobierno gallego en sus argumentos en contra de la reforma del Orden Público de las Costas, aprobada recientemente. . Verano por el ejecutivo central.
La sentencia del Tribunal Supremo excluye que se pueda denegar el derecho a prorrogar las concesiones otorgadas en el dominio público marítimo antes de 1988, por lo que la estación puede continuar sus actividades en la desembocadura de Pontevedra conforme a la prórroga de 75 años.