Niños en una guardería de Ourense, en una foto de archivo miguel villar
Los trabajadores están convocados mañana a una huelga que afectará a ocho centros de Galicia
28 de junio de 2023 . Actualizado a las 13:03
El Ministerio de Política Social ha fijado los servicios mínimos para la jornada Huelga de escuela infantil. Tiene lugar el jueves 29 de junio, cuando debe haber dos cuidadores directos velando por la apertura y cierre de los centros. Además, en las escuelas con dos o más unidades, debe haber una persona de interés directo para cada unidad.
CIG-Ensino y CC.OO. y empleados de UGT, SNEPdeG y USO de escuelas infantiles privadas y de gestión indirecta de centros de titularidad pública, de 0 a 3 años, en huelga mañana para reivindicar Contrato decente y salarios justos.
Axencia Galega de Servizos Sociais cuenta actualmente con dos escuelas infantiles gestionadas por una empresa privada (San Bayou y el complejo administrativo de Pontevedra), y la Federación Gallega de Servicios para la Igualdad y el Bienestar tiene seis escuelas infantiles gestionadas por empresas privadas (A Guarda, Betanzos, Carballo -A Braa, Coristanco, O Pino y Pontevedra-Monte Porreiro), con su plantilla incluida en el ámbito de aplicación del XII Convenio Colectivo de Centros de Atención y Educación Infantil.
Además, mañana habrá Manifestación en Santiagoque saldrá de la Alameda y finalizará frente a la sede de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), en Ra de Vilar.
Con esta movilización buscan dar respuesta a las propuestas que la patronal considera insuficientes en la negociación del decimotercer convenio colectivo de los centros de educación infantil.
Las negociaciones del convenio, a nivel estatal, comenzaron hace más de un año sin ningún avance, según CIG, debido a la inercia de los empresarios. Explicó que no mostraron voluntad de llegar a ningún acuerdo que permitiera a los trabajadores recuperar el poder adquisitivo perdido y obtener salarios dignos y justos.
Sindicatos denuncian que buscan Actualización salarial retrasada, que actualmente se encuentra por debajo del salario mínimo de los profesionales, y por tanto impide que los trabajadores recuperen el poder adquisitivo perdido. También acusan a los empresarios de causar un grave perjuicio a los trabajadores del sector de la gestión indirecta al impedir la firma de baremos salariales vinculados a los pliegos de las últimas licitaciones públicas.