El Supremo niega a la concesionaria de la autopista AP-53 que el Gobierno deba indemnizarla por la cada de ingresos del confinamiento

Acega, concesionaria de la autopista de peaje Santiago-Dozn (AP-53), no deber ser indemnizada porel Gobiernoporla cada de ingresos que sufri durante el confinamientoen el tramo que va desde la capital gallega hasta el lugar de Alto de Santo Domingo. Aslo confirm elTribunal Supremo, que desestim el recurso interpuesto por laempresafrente a la resolucin del Consejo de Ministros del pasado 14 de junio del 2022, da en querechaz varias solicitudes de reequilibrio econmico presentadas pordiversas firmas concesionarias de autopistas nacionales de peaje, entre ellas Acega.

Segn la sentencia del alto tribunal, Autopista Central Gallega (Acega)reclam un reequilibrioconcesional por la prdida de ingresosdurante el perodo que fue del 13 de marzo al 15 de julio del 2020, en pleno confinamiento por la pandemia del coronavirus. Para ello, afirm que la situacin haba motivado una cada muy relevante del trfico en el vial, nica fuente de ingresos de la sociedad, lo que supuso que el contrato no se pudiera ejecutar bajo parmetros de normalidad y en las condiciones pactadas, provocando una fuerte prdida de ingresos que tuvo que asumir.

Acega impugnla decisin ministerial agarrndose a que no se haba aplicado el artculo 25 del Real Decreto Ley 26/2020, aprobado para paliar las consecuencias econmicas del covid, por lo que, entenda, poda percibir una compensacin por dicha prdida de ingresos. Esa visin choc frontalmente con la del Abogado del Estado, que se opuso a la demanda negandoque la apertura al trfico de la autopista durante el estado de alarma le hubiera causado enormes prdidas econmicas. Todo lo contrario, afirm que la sociedad cubri sus costes y adems obtuvo beneficios, dado que el margen bruto de explotacin fue positivo.

El letrado destac tambin que tampoco se vulner el derecho de igualdad, ya que lo que podra ser discriminatorio es que, como consecuencia del covid-19, los concesionarios de autopistas se aseguren ntegramenteel beneficio esperado (como si, para ellos, no hubiera existido el covid-19 ni la legislacin especial que ha sido necesario aprobar) mientras que los dems contratistas pblicos soportan, en parte, las consecuencias del covid-19 en los trminos regulados por dicha legislacin especial.A esta versin se ha agarrado la Seccin Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que, adems de desestimar el recurso de Acega, la condena a pagar las costas del proceso.