Vista aérea de la costa de Karbales Santi Garrido
Solución intensiva regiva entre concesiones para el área marino terrestre o costera, dentro de un marco legislativo definido modificado por el gobierno de Sánchez en la Ley de Cambio Climático en 2021, incluyendo cambios en la gestión costera entre los dos principales partidos políticos, el PP y PSOE, Un reflejo de lo que existe en la sociedad.
Es en este contexto de tensión política entre distintos intereses (recordemos la prórroga de 60 años del Ince) en torno a la gestión de la costa, donde el indudable éxito político del gobierno de Rueda puede encuadrarse en la aprobación de la Ley nº 4/2023. sobre ordenación y ordenación de la parte integral del litoral de Galicia y su aprobación por el Tribunal Constitucional. A raíz de lo cual se llegó a un acuerdo de transferencia. La ley, que nada tenía que ver con la Declaración de Independencia, era una apuesta política inteligente para exigir autonomía más allá de los contenidos e intereses específicos que protegía y la protección que otorgaba a la costa gallega. Noticias que preocupan el futuro de Galicia. Un futuro ligado a la sostenibilidad de la explotación costeraUn mundo fértil que comienza por los ríos que lo alimentan, las tierras que lo bordean, sus cultivos y las personas que en él viven y lo elaboran, junto con la presión turística que acerca sus instalaciones al mar.
Durante estos años, grupos empresariales y de presión tomaron posiciones contrarias a las derivadas de la citada legislación, el Reglamento de Costas y las decisiones de la Dirección General de Costas, tal y como fueron acompañadas y alentadas por la Xunta, en las autoridades costeras. Ofrece algunos intereses y estrategias únicos. Tuvo un alcance notable en la prórroga concedida al Ens en la desembocadura de Pontevedra hasta 2073 por el gobierno de Rajoy en 2016, que fue ratificada por el Tribunal Supremo y con un giro inesperado en la Comisión Europea, que parece ir por buen camino. al Tribunal de Justicia. De la Unión Europea, por inasistencia a la mencionada prórroga, lo que pone en duda la gestión de la misma por parte de la Unión Europea. Gran competencia y un gran desafío para la gestión costera. Lo que evidentemente será competencia del Gobierno gallego a partir de hoy.