«Si nos fuésemos ahora todos los médicos mayores de 65 años, esto sería el caos»

Cuando en el año 2022 el Ministerio de Sanidad publicó el informe Oferta y necesidad de especialistas médicos 2021-2035 quedó claro el déficit de profesionales de familia que habrá en los próximos años. La edad media de estos sanitarios es elevada en toda España por lo que se espera una avalancha de jubilaciones. Pero en Galicia el avejentamiento es mayor aún. Si el 31,8 % de los especialistas tenían en aquel momento 60 o más años en el conjunto del Sistema Nacional de Salud, en la comunidad gallega rozaban el 40 % (39,3 %). 

En el 2023, según los datos facilitados por el Sergas, 113 médicos de familia colgaron la bata. En el 2024 se desconoce los que se jubilarán porque estos especialistas pueden prorrogar su jubilación hasta los 70. Pero la cifra no será inferior. Se irán 43 sí o sí —salvo que haya una modificación legal—, porque alcanzan ya los 70 años, a los que se sumarán los que decidan jubilarse entre los 65 y los 70.

Galicia y el resto de comunidades presentan un déficit de profesionales pese a que son muchos los que alargan su actividad. Manuel Bacariza Cortiñas, jefe de servicio del centro de salud de Vite, en Santiago, es uno de ellos. Compostelano de 68 años, prorrogó su vida laboral durante dos años y a partir de ahí optó por la jubilación activa, una fórmula que se puso en marcha hace unos años para incentivar el envejecimiento activo y de paso suplir la falta de especialistas. Bacariza lo tiene claro: «Si ahora saliésemos del sistema todos los médicos mayores de 65 años, en situación de prórroga o de jubilación activa, esto sería un caos».

En su caso decidió estirar la trayectoria profesional por varios motivos, familiares, económicos y vocacionales. «Te encuentras bien, tu profesión te gusta, y no te agobia ni te origina una sobrecarga importante», cuenta. Por otro lado su mujer sigue en activo y además la jubilación activa supone una inyección económica, ya que al salario habitual se suma el 75 % de la pensión. Esta suma de factores le han hecho permanecer en activo, algo que agradece el sistema sanitario. Porque el envejecimiento de la plantilla médica, sobre todo de esta especialidad (médico de familia) es palpable. «En determinadas épocas —cuenta Bacariza— entraron muchos médicos en edades similares, por lo que en un plazo de cinco, seis o siete años habrá un montón de jubilaciones. Esto coincide con que por alguna extraña razón algunos mir se marcharon de Galicia, probablemente por condiciones laborales no muy buenas, lo que conduce a un desequilibrio. Por un lado se jubilan muchos médicos y por otro no salen los que hacen falta».

Él asegura que le gusta seguir trabajando. Pero no niega que hay presión en la atención primaria. «Somos seis y hoy [por el pasado jueves] estamos cuatro, una ausencia estaba prevista pero la otra no, y a las ocho de la mañana no puedes avisar a los pacientes, así que hay que repartirlos», dice. Más demanda asistencial, una cartera de servicios muchísimo más amplia y unos recursos humanos que no crecen en la misma proporción llevan a una «sobrecarga, que no es una sensación sino una realidad». 

Las jubilaciones, cubiertas

El Sergas intenta captar a profesionales para la atención primaria con incentivos. Uno de ellos es la estabilidad. De ahí los procesos selectivos para dar plazas en propiedad por concurso de méritos, o los estímulos en aquellos puestos de difícil cobertura. A día 1 de diciembre había 316 interinidades: 288 de médico de familia y 28 de facultativo especialista de atención primaria, la nueva categoría creada por el Sergas para estas plazas poco atractivas. Y de ellas se formalizaron a lo largo del pasado año 131 —116 de médicos de familia y 15 de FEAP—, es decir, que se cubrieron las 113 jubilaciones.

El conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, volvió a reclamar a la ministra formar a más médicos de familia —con más unidades docentes y plazas mir—, ya que la falta de especialistas es un problema estatal que debe abordarse en un pleno específico del consejo interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

El País Vasco no exigirá la nacionalidad para contratar a sanitarios, requisito que Galicia eliminó ya en el 2008

El Gobierno vasco ha decidido eliminar el requisito de la nacionalidad para poder así contratar a profesionales sanitarios extracomunitarios. La medida se publicó en su boletín oficial esta semana y afecta a 55 especialidades, todas las médicas y varias de enfermería, como matronas y salud mental. El objetivo es paliar el déficit de personal que afecta tanto a esta comunidad como a la mayoría de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud.

Esta decisión llega años más tarde de que la adoptase Galicia, que eliminó el requisito en el 2008. En ambos casos se hizo a nivel legislativo, modificando la ley de salud. Esto no quiere decir que se contrate a facultativos sin especialidad, sino que no se exige que estén nacionalizados en el caso de que procedan de países extracomunitarios.

En realidad el principal problema para contratar a especialistas de fuera de la Unión Europea es la homologación de los títulos, un proceso muy lento. Porque además se exigen dos convalidaciones: el título de Medicina y la especialidad. El primero debe gestionarse en el Ministerio de Universidades y según este departamento puede durar unos dos años, pero en el Sistema Nacional de Salud —al menos en el Sergas— no se contrata a médicos sin especialidad para realizar tareas clínicas, por lo que es imprescindible que se homologue la especialidad. Este es un trámite todavía más complicado porque primero hay que comprobar que el programa formativo del país de origen es equivalente al de España. En el sector privado sí se puede trabajar solo con el título de médico. 

Se contrata sin especialidad

La falta de profesionales, sobre todo de medicina de familia, ha llevado a algunos servicios de salud a echar mano de médicos sin especialidad —por ejemplo en Castilla y León—, una decisión que ha generado críticas e incluso sociedades científicas y sindicatos barajan denunciarlo al considerar que se trata de una ilegalidad que rompe con la equidad en la atención sanitaria.