ngeles Vzquez y Alfonso Villares explicaron en Santiago los argumentos del recurso conjunto XON REY | EFE
Demandan ampliarla consulta pblica de la norma que pretende rebajar de 75 a 30 aos las concesiones en el litoral
22 mar 2024 . Actualizado a las 14:35 h.
Algo ms de 70 entidades pblicas pblicas y privadas, de las que forman parte 26 concellos, 20 cofradas de pescadores, cinco asociaciones de productores y varias federaciones o organizaciones del sector martimo y pesquero, se han adherido a la Xunta para presentar una alegacin conjunta contra el reglamento de Costas que, entre otras cosas, pretende reducir de 75 a 30 aos la vigencia de las concesiones a la cadena mar-industria o aumentar la franja del dominio pblico martimo-terrestre.
El conselleiro de Mar en funciones, Alfonso Villares, compareci este viernes ante los medios, junto a la vicepresidenta segunda de la Xunta y responsable de Medio Ambiente, ngeles Vzquez, para dar cuentas de los argumentos trasladados en el pliego y quejarse del nulo dilogo que el Gobierno central mantuvo con el sector para llevar adelante la nueva normativa.
La Administracin gallega y el sector demandan, en primer lugar, ampliar el plazo de la consulta pblica del reglamento de Costas, pues consideran que los 20 das establecidos son insuficientes para darle publicidad y difundirlo entre los interesados. Tambin piden que se comparta la correspondiente propuesta de texto articulado para saber qu es lo que se quiere hacer, as como los objetivos que se persiguen y las soluciones planteadas.
Non hai ningunha diferenza entre o que se fixo e o que se pretende facer, seal ngeles Vzquez, tras recordar que el Tribunal Supremo anul el reglamento el pasado 31 de enero precisamente por no someterlo a consulta pblica. Y el trmite que s cumple ahora el Gobierno central para sortear este obstculo non unha consulta pblica real, objetan desde la Xunta, pues adolece de falta de transparencia y de varias lagunas.
Es ms, el Gobierno gallego reprocha a la Administracin del Estado que utilice premisas errneas arguyendo que la costa est masificada, y caiga no estremo de equiparar el litoral gallego con el de la franja mediterrnea. Echa en falta que el reglamento aborde una gestin de los ecosistemas del litoral o que clarifique cmo ser la concorrencia competitiva que se requerir para ampliar las concesiones en el dominio pblico martimo-terrestre.
Y es que entre las pocas certezas que la Xunta y las entidades adheridas dan por firmes es la pretensin de rebajar de los 75 a los 30 aos el perodo de vigencia de las concesiones para las instalaciones en el dominio pblico del litoral, as como la posibilidad de ampliar la franja pblica hasta la zona donde llegue la ola del mar. Eso, en algunos casos, significa ir contra a propiedade privada, remarc ngeles Vzquez, por lo que considera que el texto debera fijar las soluciones arbitradas para los casos afectados.
Lo que no aclar el Gobierno gallego en la presentacin de la alegacin es cules son las cofradas de pescadores que se han adherido al texto conjunto, ni si entre los 26 concellos que se sumaron a esta inicaitiva hay alguno que no sea gobernado por el PP.