AP-9 foto en Santiago Paco Rodríguez
El progreso electoral no ha hecho más que liquidar, por caducidad administrativa, todas las propuestas en trámite.
31 de mayo de 2023 . Actualizado a las 05:00 AM.
Euskadi dispuso hace tres años el último tramo de autopista estatal que aún quedaba por ceder a las Diputaciones. Un año antes de la toma del tramo alavés de la AP-1, también capturaron los tramos de la AP-68 que discurren por el País Vasco, donde desde 1995 Cataluña se ha hecho cargo de dos vías exclusivas que hasta entonces habían estado en el manos de la administración central.
Por otro lado, Galicia lleva siete años reclamando formalmente ante los tribunales y el Ejecutivo central la cesión a la Xunta de la autopista AP-9, que había sido solicitada ya en 2003 por Emilio Pérez Tourio y en 2009 por Alberto Nez Viejo, ambos de El cargo de caciques de Galicia. Y a pesar de que la Cámara de Diputados dio vía libre en febrero de 2021 para avanzar con una moción reglamentaria sobre la reubicación de la vía, ya sería imposible que las Cortes discutieran tal posibilidad sin que el parlamento gallego tuviera que reintroducirla. Quinta vez la reivindicación que la Sala Autonómica siempre ha apoyado por unanimidad. El adelanto electoral decidido por Pedro Sánchez no hizo más que saldar, mediante la caducidad administrativa de todas las propuestas en curso, el curso de la candidatura que ya había sufrido el mismo revés con el adelanto electoral decidido también por Sánchez en abril del 2019.
Todo tiene que volver a empezar de cero: a excepción de cualquier veto gubernamental al debate en el Congreso sobre el traspaso en cuestión, como los que ostentan los ejecutivos de Mariano Rajoy, ganando en la Cámara una votación de que aceptarán una in- discusión profunda sobre la transferencia, y luego de la aprobación de un grupo de diputados de la Comisión de Transporte de la Cámara sobre un texto que se someterá a votación pública que establece los términos de la transferencia de la carretera. Este es un paso que no se ha alcanzado en dos ocasiones, ambas por la lentitud con la que los diputados que se han comprometido han comenzado a presentar el papel. Habían transcurrido 520 días desde que dicha comisión fue comisionada por el Congreso hasta que finalmente se convocó en este mandato, siendo los trece ponentes responsables cinco gallegos y las cuatro formaciones con representación en Cortes (PSOE, PP, BNG y Galicia en Común) .
Este retraso hizo esperar que aunque no hubiera progreso electoral, la aprobación del traspaso no se llevaría a cabo en este mandato, dada la falta de voluntad del gobierno para hacerlo, como había sucedido antes con el Partido del Congreso Popular.