El juez amplía la investigación del caso STL sobre fraude y divulgación de la seguridad social

Inaugurado el Juzgado de Instrucción número 6 en A Corua Tres piezas separadas Aparte de las principales acciones contra cinco personas y muchas organizaciones -entre ellas, Sindicato de limpiadores (Tribunal Especial para el Líbano) – que investiga los delitos de fraude, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares. Según la Policía Nacional, la red sobornar a los trabajadores Parados a cambio de trabajos temporales en el servicio de limpieza viaria de A Corua, que el Ayuntamiento adjudica por 14 millones de euros al año a Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), que habría cedido sus poderes personales al sindicato.

Cuarenta días después de la detención de los principales sospechosos -por orden del dirigente gremial e inspector jefe de la concesionaria de basura, Miguel Ángel Sánchez- y con los respectivos procuradores de justicia en huelga, se realizaron las diligencias preliminares. En un caso complejo que incorpora nuevas derivadas del entramado que el Ayuntamiento de Corus hizo saltar las alarmas el pasado 22 de febrero ante operación policial Los trabajadores han estado desmantelando el terreno en la concesión municipal, al menos desde 2014, según los trabajadores.

El juez decidió dividir el procedimiento en una primera parte separada para investigar a A.J. Fraude al Seguro Social, para simular baja por enfermedad, presuntamente cometido por dos personas. Más tarde abrió una segunda pieza relacionada con un crimen. Descubrimiento y divulgación de secretos de empresa. En el que están representados tres imputados. Finalmente, formó una tercera pieza independiente para resolver otro caso de descubrimiento y revelación de secretos en relación con Expediente tramitado en el Ayuntamiento de La Coroa, en el que participan dos personas y dos empresas. Sólo en relación con este procedimiento el juez reconoció la comparecencia solicitada por el Gobierno de la alcaldesa socialista Inés Rey como víctima.

investigación que apareció Un año después de que el Tribunal Especial para el Líbano alentara la huelga que impuso un decreto de estado de emergencia sanitaria al dejar toneladas de basura en las calles, camiones incendiados y grupos de encapuchados patrullando la ciudad, esta semana llevó a CIG a solicitar comparecencias como reclamo particular, y al menos otras dos organizaciones -una de ellas que está haciendo la Asociación Gallega de Centros Privados de Empleo -Sin ánimo de lucro- estudia hacerlo.

Dado que se levantó la desclasificación sumaria, el juez se basó Medidas preventivas Carácter patrimonial, con intervención y decomiso preventivo de altísimos bienes bancarios, según la Policía Nacional, la intervención de seis coches de lujo de Miguel Ángel Sánchez y la prohibición de enajenar determinados bienes de los investigados. Los procedimientos han sido apelados por los acusados ​​y las apelaciones aún están siendo adjudicadas.

Sin embargo, la apertura del procedimiento no impidió represalias de los trabajadores dentro del personal del franquiciador. Dos conductores del turno de noche afiliados a sindicatos minoritarios han sido degradados sin explicación desde febrero, y otro colega en circunstancias similares recibió el lunes órdenes de trabajo.

La FCC, que se ha negado a responder a las solicitudes de información de este diario, ha firmado subcontratos o convenios con dos entidades relacionadas con STL en Acoroa, Ourense y Ponferrada. A raíz de las detenciones, Inusvalia, dedicada a la inclusión laboral de personas con discapacidad, sustituyó su plantilla por Lares del Norte, a la que también subcontrata FCC. Imprego, dirigida por la mujer de Sánchez y receptora del mordisco, también estaría entre los investigados y podría haber suspendido su actividad. Habrá que esperar a ver cómo resuelve la empresa los contratos a partir de ahora, si la red no puede funcionar, advierte el trabajador.