Unidas Podemos asegura que el 90% de estos centros cobran a las familias una cuota básica mensual, que en Galicia rondaría los 38€ de media.
29 de diciembre de 2022 . Actualizado a las 11:57 am.
El gobierno ha indicado que la nueva ley de educación, y lomloedemuestra que «de ninguna manera» Centros coordinadores Puede recibir pagos de las familias por recibir las enseñanzas de forma gratuita, No impone ninguna obligación de hacer aportes. instituciones o asociaciones.
Así lo afirmó el ejecutivo en una respuesta parlamentaria, recopilada por Europa Press, a una pregunta del grupo parlamentario Unidas Podemos en la Cámara de Representantes. En él consulta al Ministerio de Educación y Formación Profesional sobre si sabe que, según un estudio, el 90% de los colegios subvencionados en España Ellos envían uno Cuota básica para familias Mes.
El estudio, presentado el pasado mes de octubre por la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Alumnos (Ceapa) y la Asociación de Colegios Privados e Independientes (Cicae), tasa la cuota básica mensual media de los colegios españoles concertados de 191 euros en Cataluña a 38 euros en Aragón y Galicia.
En este contexto, el Gobierno subrayó que los departamentos de educación, tal y como establece la ley, “dotarán a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de la educación y pondrán en marcha medidas para que la situación socioeconómica de los alumnos no constituya una barrera”. para acceder a actividades complementarias y servicios escolares”.
Asimismo, la norma establece que las actividades complementarias que se consideren necesarias para el desarrollo curricular “deberán ser programadas y ejecutadas de manera que no impliquen discriminación por motivos económicos”.
Dado que las competencias en materia de educación pasan a las comunidades autónomas, el ejecutivo señala que corresponde a la inspección educativa de cada comunidad “velar por el cumplimiento, en los centros educativos, de las leyes, reglamentos y demás disposiciones que afecten al sistema educativo, así como supervisar la funcionamiento de los centros educativos, práctica docente y función administrativa Y advierte que si algún centro sigue cobrando tasas a pesar de las advertencias, una vez agotada la vía administrativa, «puede recurrir a la vía judicial, si es posible».