El Gobierno central asegura que nada cambia en cuanto a hacerse cargo del proyecto de ley de vivienda. El texto solo se refiere a los casos seguidos por la justicia penal para advertir que las denuncias que lleguen por esa vía obligarán a los tribunales a dar cuenta a los servicios sociales si constatan que entre los imputados se encuentran dependientes, discapacitados, menores o víctimas de violencia contra la mujer.
La okupación con “k”, que es un delito, no está contemplada en el Código de la Vivienda y ya existen procedimientos expresos para que puedan realizarse en un plazo de 48 horas en caso de denuncia, manifestada como respuesta a una solicitud de su evaluación. del Ministerio de Transporte. Y aseguran que el nuevo texto legal regula parte del Código Procesal Civil, no la parte penal, que el Gobierno vincula a los casos de okupación. Sin embargo, con Pedro Sánchez como presidente, el Código de Procedimiento Civil se modificó en 2018 para añadir específicamente la posibilidad de desalojo cautelar expreso por esta vía si los okupas no acreditaban en el plazo de cinco días que tenían un derecho legítimo a proteger su residencia en la ciudad. . Vivienda.
Aunque se han fijado plazos para el desalojo, la congestión del tráfico que aqueja a los juzgados ha desviado el margen de cinco días especificado desde la denuncia hasta la reincorporación del inmueble a su propietario en una carta final.
El gobierno sostiene que las mayores garantías otorgadas ahora a los vulnerables responden a las reiteradas denuncias del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.
recurso en progreso
Incluso antes de que el Senado tome posición sobre la propuesta de ley de vivienda, la Xunta ya está perfilando la apelación que estima que tiene muchas posibilidades de presentar finalmente cuando se considere la propuesta. Se componían de costas y comunidades independientes, para que tuvieran las prerrogativas en materia de vivienda. Agrega ese texto Malo y técnicamente confuso.. Respecto a la violación y allanamiento de morada, el análisis de la Xunta es que convierte la okupación en una forma de acceso a la ayuda pública a la vivienda frente a las personas que esperan en el registro de solicitantes de vivienda o ayuda. no se puede aceptargritos, gestión gallega.