Anna Pontón confirma que la Xunta mueve cada año algo más de 8.000 millones de euros y cree que hay que priorizar estándares sociales y medioambientales que empoderen a las pymes de Galicia.
22 de mayo de 2024 . Actualizado a las 13:26
El bloque anunció esta mañana que presentará al Parlamento gallego un proyecto de ley encaminado a ello Mejora de los mecanismos de contratación pública en la Xunta, que mueve algo más de 8.000 millones de euros anuales. Estos contratos públicos, según los nacionalistas, deberían fortalecer el tejido empresarial local y no favorecer a las grandes empresas madrileñas que, como dicen en el bloque, suelen quedarse con la mayor parte del pastel. “Compramos alimentos para alimentar comedores de hospitales, residencias de ancianos o centros educativos públicos; Compras material sanitario, pujas por servicios como limpieza de edificios de oficinas y negociamos la contratación de la obra.«, él explicó Anna Buntonque cree que se debe crear un nuevo marco que incluya criterios de adjudicación relacionados con las condiciones laborales, la igualdad, la sostenibilidad y una mayor consideración hacia las empresas gallegas.
Esta propuesta del Bloque es fruto de la segunda reunión del llamado gobierno alternativo, y de la estrategia que sigue para formar la oposición que, inspirada en el parlamentarismo británico, intenta transmitir a la opinión pública lo que harían los nacionalistas si estuvieran al mando. de Zonta.
Incluye el proyecto de ley presentado por Anna Ponton. Cláusulas de igualdad Integrar la perspectiva de género en los procesos de selección, establecer condiciones de implementación relacionadas con la contratación de mujeres, formación en igualdad, desarrollar protocolos para prevenir el acoso sexual o adoptar medidas de conciliación y promover la corresponsabilidad. En segundo lugar, Condiciones ambientales Su objetivo es promover la contratación pública ambientalmente sostenible, por ejemplo, mediante la adquisición de productos ecológicos y locales. Tercero: Condiciones relativas a los derechos laborales. BNG propone que los documentos de contratación incluyan requisitos que aseguren el cumplimiento de la normativa laboral; Reservar un número mínimo de puestos de trabajo para personas con discapacidad; Soluciones de personal o, en el caso de contratación con terceros, la obligación de cumplir las condiciones laborales. Según BNG, con esto se pretende evitar que los recortes de precios se repercutan y perjudiquen los salarios y las condiciones laborales de los trabajadores.
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La propuesta también incluye Condiciones para la inclusión social y práctica de las personas con discapacidad, siguiendo la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Estas Personas. Por ejemplo, se ha incluido un artículo específico sobre la reserva de contratos dirigidos a centros privados de empleo de iniciativas sociales y sin ánimo de lucro, con el objetivo de garantizar el acceso al trabajo de las personas con discapacidad. El porcentaje mínimo será del 10% (según establece la legislación estatal).
Finalmente, incluye el proyecto de ley Cláusulas de derechos lingüísticos Que garantiza el uso normal y oficial de la lengua gallega, según lo previsto en la Ley de Autonomía y la Ley de Normalización Lingüística.
“El segundo objetivo principal es fortalecer el sistema económico del país a través de compras y contrataciones públicas, con foco en pequeñas y medianas empresas con capacidad innovadora y estable para generar empleo. Se trata de acabar con el monopolio de las grandes empresas constructoras y proveedoras de servicios con sede en Madrid, que acaparan las obras públicas y la prestación de servicios en Galiza, y, al mismo tiempo, garantizar el pleno respeto de los derechos de los trabajadores.“Explicó Pontón.