Marcha en Lugo contra la violencia sexual carlos castro
Actualmente hay 270 casos activos; En 2022 la labor de los agentes gallegos ha permitido la detención de cuatro personas
23 de febrero de 2023 . Actualizado a las 7:24 p. m.
el Policía Autónoma de Galicia (UPA) El año pasado protegió a 563 mujeres víctimas de violencia sexual. Así lo indica el crédito dado este jueves en el Ayuntamiento de la Xunta, que también se refiere a este 270 víctimas están siendo protegidas actualmente En los diferentes cacicazgos: 97 en Acoroa, 68 en Vigo, 36 en Santiago, 31 en Lugo, 22 en Ourense y 16 en Pontevedra.
UPA tiene 91 agentes Quienes realicen labores de protección a víctimas de violencia de género, en coordinación con la Policía Nacional. Se permitió que la acción de estas fuerzas Cuatro personas fueron detenidas durante 2022. Además, realizaron 2.515 identidades (casi el doble que el año anterior)Llevaron a cabo más de 23.200 operaciones de contraseguimiento en el entorno de la víctima o del maltratador, además mantuvieron más de 6.700 contactos con mujeres afectadas y elaboraron más de 2.400 informes y valoraciones de riesgos.
La Policía Independiente asumió competencias al respecto en septiembre de 2016, tras firmar un protocolo de coordinación con el Jefatura de Policía de Galicialo que supone, entre otras cosas, la integración del Punto de Coordinación de Órdenes de Protección en Galicia con el sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género, conocido como Fusión. Posteriormente, los agentes de la UPA recibieron formación específica, teórica y práctica.
Son funciones de los agentes, sobre todo, la reposición de los medios necesarios ante denuncias de hechos violentos, en colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, la prestación de atención individualizada a la víctima (con información sobre trámites judiciales o instituciones de apoyo), la traslado de las mujeres al centro de ayuda cuando han sido agredidas y también a comisaría para la denuncia y recogida de datos sobre el agresor y la implantación de las medidas de seguridad oportunas, y la adopción de las medidas de protección previstas en los protocolos, teniendo en cuenta el nivel de peligro para la víctima.
Las diligencias pueden iniciarse de oficio oa instancia de las víctimas, así como a instancia de terceros, aunque lo habitual es que se actúe a instancias del centro de emergencias 112, que concentra la mayor parte de las alarmas de violencia sexual.