Los acusados, durante el juicio en la sección sexta de la Audiencia Provincial, la que tiene su sede en Santiago Sandra Alonso
La víctima, hermana y cuñada de los acusados, asegura que su interés era en realidad gestionar los bienes de su padre
15 nov 2023 . Actualizado a las 14:07 h.
Los dos funcionarios del Servizo Galego de Saúde (Sergas) juzgados en la Audiencia Provincial en Santiago por acceder a historiales médicos de familiares son marido y mujer y los expedientes que no niegan haber visualizado son el de la hermana y el padre de la acusada. En el juicio, reconocieron los hechos por los que la Fiscalía les reclama diez años de cárcel a ella y ocho a él, pero lo justificaron alegando que era algo que llevaban años haciendo con autorización y que estaban intranquilos por la salud de ambos. «La preocupación pudo conmigo», aseguró la encausada, que explicó que su padre había perdido consultas desde que se fue a vivir con su hermana y no se había hecho un TAC encefálico. «Quería saber si mi padre estaba en urgencias o si mi hermana estaba peor», añadió.
En total, la acusada entró 519 veces en el historial clínico de su padre y 309 en el de su hermana entre enero del 2015 y octubre del 2016. Cuando la Fiscalía le preguntó por qué tantas consultas, casi a diario y a veces incluso varias veces al día, respondió con un «figúrese cómo estaría yo» para justificar su argumento de que estaba tan preocupada que su salud mental se resintió. A preguntas de su abogado, y entre lágrimas, ahondó en esta idea señalando que sentía «preocupación y pánico».
Al margen del desvelo por el estado de salud de su padre y de su hermana, la acusada, como también su marido, que era auxiliar administrativo en el Hospital de Conxo y accedió también a los historiales aunque muchas menos veces, declararon ante el tribunal que contaban con autorización de ambos para acceder a sus expedientes porque eran los que figuraban como personas de contacto en sus fichas médicas y que ellos mismos les gestionaban citas o accedían a sus historiales para comunicarles resultados de análisis y pruebas.
Un panorama radicalmente opuesto relató la denunciante, la única que ha podido declarar en el juicio porque el otro perjudicado, su padre, falleció en el 2021. Dijo que ninguno de los dos jamás les dieron autorización para ver sus expedientes clínicos, ni antes de que surgiera el conflicto que rompió la familia ni después, y que el interés que tenían era en realidad gestionar los bienes de su progenitor, algo a lo que él se oponía.
Ese enfrentamiento familiar fue subiendo de tono y generó varias denuncias cruzadas. Una por agresión del padre contra su hija y su yerno, y otra de la acusada contra su hermana por violencia doméstica. Aseguraba que maltrataba a su padre y que lo tenía retenido en contra de su voluntad, algo que el fallecido negó tajantemente al agente de la Guardia Civil que testificó en la vista y que narró cómo le preguntó directamente cuando se presentó por sorpresa y de noche en la casa en la que el hombre estaba viviendo con la denunciante y su marido.
El punto definitivo de controversia fue que la acusada, que era trabajadora social en el Hospital de Conxo, acudiese a la Fiscalía con la intención de incapacitar a su padre y que, además, en ese procedimiento se acabase utilizando información médica de los denunciantes presuntamente obtenida en esas consultas por las que ahora se exponen a muy duras penas de cárcel. La víctima hizo hincapié en este aspecto para desmontar la versión de que el motivo de los acusados para ver sus expedientes era la preocupación por su salud. «Todos los datos médicos se usaron en nuestro perjuicio», afirmó.