La Xunta, «harta y desilusionada», solicita por séptima vez una reunión con Óscar Puente para hablar de AP-9.

Ministra de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez AlegueApeló al «decoro corporativo» para que… Secretario de Transporte Óscar PuenteTe recibimos después de que ya lo hayas solicitado cinco veces vía mensaje y una vez en persona para discutir el futuro. AP-9. En una nueva carta enviada ayer al Ministerio, el ministro expresaba «un sentimiento de decepción y de cansancio» causado por el hecho de que las solicitudes de reunión presentadas hasta el momento no han sido respondidas.

“Su ministerio no responde a necesidades ni peticiones“, que exige el Gobierno gallego en defensa de los intereses de nuestros ciudadanos”, señala Martínez Alego en el escrito en el que se presenta solicitud de nueva reunión, VII. Este mensaje enviado ayer cuenta con el respaldo del Presidente Federación de Empresarios de Galicia, José Manuel Viets, y el presidente de la Federación Gallega de Transportes de Mercancías, Ramon Alonso. Los tres valoran que los acontecimientos ocurridos en los últimos días en la AP-9 hagan necesaria una reunión conjunta para discutir la necesidad de traspasar la titularidad de la vía a la Xunta, petición que hicieron por unanimidad. Parlamento de Galiciapero al que se oponen el gobierno central y el Partido Socialista de los Trabajadores en la Cámara de Representantes.

La ministra añade que la posición de la Administración autonómica es «firme» respecto a la exigencia de salvar la concesión de la AP-9, contrato que la Administración autonómica ha puesto en duda. Consejo de Europa. «Es una necesidad y debe implementarse lo más rápido posible», con la liberalización de los peajes «en aras de la competitividad y la igualdad de Galicia con el resto de España».

Junto a la nueva solicitud de reunión, la ministra de Vivienda y Ordenación de Infraestructuras vuelve a enviar a Óscar Puente el estudio económico solicitado por la Xunta sobre el coste de rescatar la concesión de la AP-9, una operación estimada en Desembolsados ​​2.356 millones de eurosSe trata de una cantidad inferior a la que la administración central debe abonar a Audasa por las bonificaciones de peajes que están activadas desde 2018.