Detenciones en el peaje de Makinda en la AP-9, en Abegondo César Kian

La asociación En Colectivo ve cada vez más cerca el fin del peaje en la Autovía de Galicia tras este segundo aviso al Gobierno por no aplicar correctamente los procedimientos de licitación.

24 de abril de 2024 . Actualizado a las 14:13

La Comisión Europea acaba de abrir un expediente de infracción contra el Gobierno español por ampliar la duración de la concesión de la autopista AP-9 sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación y violar las normas de la UE. Según la decisión de la Comisión, España dispone ahora de dos meses para responder a los argumentos contenidos en el expediente.

Se trata de la segunda acción infractora contra el Gobierno de España, según informa la asociación En Colectivo, que en julio de 2019 presentó una denuncia ante la Comisión Europea por incumplimiento de las normas de los contratos de concesión de la autopista AP-9. La Comisión señala que España amplió la duración de dos concesiones de autopistas en España sin aplicar correctamente los procedimientos de licitación, violando las normas de la UE. “Cada día estamos más cerca de acabar con el cobro de peajes y hacer la autopista gratuita”, explica Diego Maraña, presidente de En Colectivo.

El objetivo de la carta enviada al Gobierno español es garantizar el respeto de la normativa de la UE en materia de concesiones, que prevé la igualdad de trato de los operadores económicos interesados ​​en participar en los procedimientos de contratación y el respeto de la obligación de transparencia, afirma Maraña, que valora la apertura de este trámite es muy positivo, demostrando que conforme pasa el tiempo, el estatus de esta franquicia se vuelve más cuestionable. “Con los pasos que se están dando estamos cada día más cerca de acabar con el cobro de peajes y conseguir una autopista gratuita como ya está sucediendo en otras comunidades autónomas como Cataluña y Valencia donde se ha acabado el privilegio de 40 años”, afirmó el presidente de la asociación, que pide transparencia al Gobierno para que todos los gallegos puedan conocer los detalles de la carta remitida por la Comisión Europea y la respuesta que se dará.