La ministra de Vivienda e Infraestructuras, María Martínez Alejo, ha participado esta mañana en La Coruña en un acto con promotores inmobiliarios. Marcos Míguez

Martínez Allegue llama al diálogo en la AP-9 y alerta de que «en el resto de España se están retirando cargos». Anna Ponton pide un estudio jurídico para salvar la autopista

06 septiembre 2024 . Actualizado a las 4:14 p.m.

Ministra de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, María Martínez Aleguepretende debatir ante el ministro de Transportes, Óscar Puente, la validez del estudio encargado por la Xunta, que cifra el coste de salvar la concesión de la AP-9 y cancelar peajes entre 1.612 y 2.355 millones de euros. En una carta enviada hoy al ministerio, Alighi solicita una reunión oficial entre ambos, la segunda que el ministro propone al líder socialista. La solicitud anterior, que fue solicitada el 8 de mayo poco después de su toma de posesión como miembro del gobierno de Alfonso Rueda, aún no ha recibido respuesta.

En la carta enviada hoy a Puente, el Ministro solicita que se celebre la reunión “Afrontar el problema de la AP-9”. Confirma que la principal autovía gallega está suspendida en dos frentes: el inaugurado por la Comisión Europea que deslegitima la prórroga de la concesión hasta 2048, y el que está a la espera en las Cortes para discutir la cesión de la vía. A Zonta.

“Su gestión (la de la AP-9) está en el centro de los intereses de los gallegos por su impacto en la movilidad diaria y en nuestra economía, en una situación en la que En el resto de España se retiran los peajes De los trayectos que hasta ahora han sido pagados por los usuarios”, alerta contra la búsqueda de un trato similar para Galicia.




Salvar la AP-9 costaría 2.355 millones de dólares, según la Xunta, aproximadamente la mitad de lo que estimó Óscar Puente.

Carlos Bonzón



Martínez Alighi concluye señalando que le hubiera gustado tener cuentas Ministerio de Transporte En cuanto a los costes de transporte y el posible rescate de la autopista, pero sin respuesta de Puente al respecto, la Xunta optó por realizar su propio estudio, que remitió ayer a Madrid.

Anna Bunton exige más

Este informe fue solicitado ayer por Portavoz nacional del BNG, Anna PontonAdemás de exigir la elaboración de otro documento que trate sobre las vías legales para cancelar la concesión, como podría indicar la justicia europea. El líder nacionalista se atribuyó el mérito de haber encargado el estudio, pero señaló que el estudio realizado por la consultora Iptissa no llegó a proporcionar las claves necesarias para llevar a cabo la extinción de la concesión. «Me preocupa que la Xunta abandone este camino», prosiguió, no sin mencionar esta prórroga Asumamos la distinción de Galeza».

Al finalizar el evento del BNG en La Coruña, Ponton fue calificado como «Robo a mano armada real» Tarifas de peaje de la AP-9 y concesión por 75 años, por lo que insistió en obtener un informe jurídico oficial que sirviera para poner fin a la situación creada por la autopista explotada por Audasa.