El Gobierno esgrime cinco argumentos jurdicos que la Xunta rechaza contra la ley del litoral

El Gobierno considera que la ley de litoral de Galicia vulnera abiertamente la Constitucin, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la legislacin de costas, motivo por el que impugna 31 artculos de la norma autonmica, anunci ayer el Consejo de Ministros. El recurso, que se sustenta sobre cinco ejes jurdicos que la Xunta rechaza, supone que el conflicto entre el Ejecutivo central y el autonmico por la gestin de la costa no se solventar por la va poltica, sino en el Constitucional.

La ministra portavoz, Isabel Rodrguez, invoc dos veces la Carta Magna para argumentar la decisin. Dijo al inicio de su explicacin que es obligacin del Gobierno velar y defender el cumplimiento de la Constitucin en todo el territorio, tambin en Galicia; y al finalizar, concluy que el Gobierno de Espaa lo que hace es velar por el cumplimiento de la Constitucin y lo hace adems avalado por ese dictamen del Consejo de Estado.

Segn el dictamen en cuestin, afirm Rodrguez, no existe ninguna duda de que la ley gallega se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el rgimen jurdico del dominio pblico martimo terrestre.

De ah que se presente un recurso muy amplio porque impugna hasta 31 artculos de esta ley, lo que supone un 40% de la misma. El objetivo es declarar inconstitucionales todos estos artculos, en su mayora, con el aval del Consejo de Estado, afirm.

El titular de la Xunta, Alfonso Rueda subray que el texto, que decidi impulsar en septiembre del 2022, non una lei poltica, sino que pretende gestionar el litoral de la comunidad con ms kilmetros de costa de Espaa, dando seguridad jurdica a las empresas de la cadena mar-industria y salvaguardando el medio ambiente.

El presidente record que la norma fue elaborada por expertos en derecho administrativo de la Universidade da Corua y que un expresidente del Tribunal Constitucional, Juan Jos Gonzlez Rivas, no vio en ella causa de impugnacin, sino respecto exquisito por la Carta Magna.

En referencia a la defensa de la Constitucin de la ministra, el presidente dijo que parece unha broma ante o que estamos vendo e escoitando. Fue una referencia velada a las negociaciones que mantienen PSOE y Sumar con los independentistas catalanes para aprobar una amnista a cambio de la investidura de Pedro Snchez. Coa que est caendo, o celo do Goberno de salvaguardar a Constitucin se centra en Galicia, ironiz.

Alfonso Rueda seal adems que la Xunta desconoce totalmente el dictamen del Consejo de Estado, y lament que el Gobierno haya esperado hasta el lmte del plazo para recurrir sin convocar la Comisin Bilateral para intentar llegar a un acuerdo.

Esas circunstancias hacen pensar en la Xunta que el Ejecutivo central busca confrontacin.

La nmero dos del PPdeG, Paula Prado, consider la decisin del Gobierno un novo ataque a Galicia y lament que el PSdeG sea complice en ese ataque.

La ley fue aprobada el pasado 4 de julio con los votos a favor del PPdeG y las abstenciones del Bloque y los socialistas. La norma no fue objeto de ninguna enmienda a la totalidad en su tramitacin, ni por parte de esos partidos ni del Gobierno central.

Los tres grupos de la cmara gallega haban votado antes en el Parlamento que Galicia poda asumir las competencias sobre el litoral sin cambiar su Estatuto de Autonoma. Ese fue uno de los motivos esgrimidos por la ministra para sostener la inconstitucionalidad de la norma.

El secretario general del PSdeG, Valentn Gonzlez Formoso, afirm en abril que su partido apoyara la ley: A defensa dos intereses do tecido produtivo de Galicia est por riba de todo. Mesmo por riba do partido.

En mayo, el entonces delegado el Gobierno, Jos Ramn Gmez Besteiro, hoy ms que probable candidato a la Xunta, afirm que la postura del Ejecutivo era que la ley careca de seguridad jurdica. En junio, el PSdeG dio un giro y anunci que se abstendra aduciendo que el PP secuestr el debate parlamentario al tramitar la norma por va de urgencia.

Los cinco argumentos del Gobierno y las cinco contraposiciones de la Xunta

1. -El Ejecutivo afirma que la Xuntase apropia de la competencia exclusiva del Estado para regular el rgimen jurdico del dominio pblico martimo-terrestre. El Gobierno gallegocontrapone quees doctrina del Constitucional que la titularidad estatal del dominio pblico no excluye ni puede excluir que las comunidades legislen y ejerzan sobre l sus legtimas competencias.
2. -El mar territorial no forma parte del territorio de una comunidad autnoma y, por tanto, no puede ejercer competencias all.Es doctrina del Constitucional que la titularidad estatal del dominio pblico no excluye ni puede excluir que las comunidades legislen y ejerzan sobre l sus legtimas competencias, replica el Ejecutivo gallego.
3. -La ley sufre de inadecuacin a la normativa estatal bsica sobre las limitaciones de la propiedad sobre los terrenos contiguos a la ribera del mar, dicen desde Madrid. La sentencia 162/2012 del Constitucional reconoce que no se puede descartar el ejercicio por las comunidades de competencias sobre el mar territorial., responden en Santiago.
4. -Una comunidad no puede asumir directamente a travs de una ley la gestin de los ttulos de ocupacin, debe modificar su Estatuto como Catalua, Baleares, Andaluca y Canarias. Pero en la Xunta consideran queGalicia tiene las mismas competencias exclusivas que Catalua, Baleares, Andaluca y Canarias. Esos estatutos no innovan, solo precisan.
5. -La ley incurre en una infraccin e la competencia estatal exclusiva sobre pesca en aguas exteriores, afirma el Gobierno.No hay ningn artculo de la Lei de Ordenacin e Xestin Integrada do Litoral que afecte a la pesca en aguas exteriores, contesta la Xunta.