El Gobierno dice que salvar la AP-9 es «inadecuado» y defiende la legalidad de la concesión

“Contrato administrativo de concesión para la construcción, mantenimiento y explotación del área Autopista AP-9 Él está en plena fuerza, así que Su rescate no dura». Esta es la respuesta del Gobierno central al senador del PP José Manuel Balsero¿Quién preguntó por qué se excluyó el rescate?

Los populistas afirman que retirar la concesión otorgada a Audasa -que han sido ampliadas por los Gobiernos del Partido Socialista Obrero y, más recientemente, del Partido Popular- tendría un coste «similar», unos 2.356 millones de euros, al coste de mantener las bonificaciones actuales hasta final de la década. Sin embargo, mantener los peajes representa “Una queja comparativa de Galicia en relación con otras regiones». Ponen como ejemplo Navarra, que ya recibió la AP-67, o Alicante, donde se han emitido cargos de AP-7. Para la presión arterial, Pedro Sánchez “Pretende seguir haciendo negocios a costa de peto dos galegos».

Los populares también consideran justificado el rescate tras el dictamen de la Comisión Europea, que se considera la prórroga definitiva de la concesión, que fue aprobado por el Comité Ejecutivo José María Aznar en 2000. El Gobierno considera que este dictamen emitido en julio de 2025 “Esto no significa que la extensión sea ilegal. Esto se debe a que la única autoridad competente para dictarla son los tribunales de justicia.

Además, el Ejecutivo confirma que el procedimiento sancionador abierto por la Comisión Europea por posible incumplimiento de la legislación en materia de contratación pública, en las concesiones AP-9 y AP-66 (Asturias-León), aún no ha concluido y, por tanto, «La información relacionada con el mismo está sujeta a confidencialidad.». Este puede ser el motivo por el que las reiteradas solicitudes de la Xunta para acceder al expediente no son atendidas.