El grueso de los inmuebles históricos en servidumbre de protección litoral de Marín se ubican en la costa que va de Aguete a Loira CAPOTILLO
El tribunal ha dejado en suspenso los 31 artículos impugnados por el Ejecutivo, que suponen cerca del 40 % del texto legal
06 nov 2023 . Actualizado a las 14:04 h.
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno contra la ley del litoral de Galicia, y ha dejado en suspenso de forma cautelar los artículos impugnados hasta que resuelva el fondo del asunto.
El Ejecutivo presentó el recurso contra 31 artículos y dos disposiciones generales de la ley, cerca del 40 % de su articulado, por considerar que invaden competencias del Estado sobre el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre, la competencia sobre el procedimiento administrativo común, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, pesca marítima, marina mercante y competencia sobre medio ambiente.
La decisión del Constitucional: el prólogo de una suspensión de la ley del litoral que se da por hecha
La ley fue aprobada el pasado 6 de julio por el Parlamento de Galicia con los votos a favor del PPdeG y la abstención del BNG y el PSdeG. No se presentaron informes jurídicos contrarios a la normativa. Ninguno de los partidos de la oposición presentaron enmiendas a la totalidad de la ley. Los nacionalistas presentaron algunas enmiendas parciales y los socialistas no plantearon ninguna.
La reclamación del Gobierno está acompañada de un dictamen del Consejo de Estado, presidido por la exministra socialista Magdalena Valerio, que concluye que «existen fundamentos jurídicos suficientes para interponer recurso de inconstitucionalidad» contra dos disposiciones y 27 artículos de la ley, casi la totalidad de los impugnados por el Ejecutivo.
Todas las causas de inconstitucionalidad que el Consejo de Estado ve en la ley del litoral
La presentación del recurso se produjo sin que el Gobierno convocase antes la comisión bilateral con la Xunta para intentar llegar a acuerdos en los preceptos que a su juicio son contrarios a la ley. Esa circunstancia, sumada a que no se informase a la Administración gallega de las discrepancias ni se le facilitase el dictamen del Consejo de Estado, ha provocado críticas de la Xunta. Su presidente, Alfonso Rueda, ha denunciado esa «inflexible contundencia» para «atacar» la legislación autonómica en comparación con la «extrema laxitude» del Ejecutivo al interpretar la Constitución ante las exigencias de los independentistas. El Gobierno gallego defiende además que la ley encaja en las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía.