Eduardo Parra | europrecio
Explica que la huelga que pasan en el ámbito de la justicia no puede afectar a un «deber público» y que en las elecciones «no hay un mínimo de servicios, y son todos necesarios».
16 de marzo de 2023 . Actualizado a las 21:13
Amenazan con suspender las elecciones Se extinguió el 28 de mayo debido a una huelga de abogados del Departamento de Justicia. El jueves, la Comisión Central Electoral dictaminó que su relación con los abogados judiciales no es de carácter funcional, y que su trabajo como secretario de los consejos electorales de las provincias y regiones no es remunerado, porque las sumas que reciben el día de las elecciones llevan el concepto de recompensas y compensaciones. En suma, el Consejo Central Electoral decide que “todas las personas que participen en los procesos electorales lo hagan en cumplimiento Un deber público esencial previsto en la ley electorallo que es inconcebible como posible ejercicio del derecho constitucional de huelga puede absolver a quienes lo ejercen en cumplimiento de dicho deber».
Así, el Consejo Central Electoral responde a las consultas realizadas por el Ministerio de Justicia sobre la posibilidad de que los abogados correspondientes no concurran a la convocatoria para la constitución de los distintos consejos electorales el próximo 7 de abril, en caso de que continúe la huelga de estos funcionarios. en esa fecha. . Así quedó claro en la carta del máximo órgano electoral “No existe ninguna ley que prevea el ejercicio del derecho de huelga por parte de las personas que desempeñen tareas en la administración de las elecciones». Tampoco prohíbe este derecho, explica, “aunque es fácil advertir las dificultades que supondría intentar acreditar un proceso electoral, por ejemplo, miles de miembros de las mesas electorales decidieron declararse en huelga”.
El dictamen señala que los abogados judiciales ejercen su derecho de huelga en razón de su labor como tales, pero “no en su calidad de secretarios de los consejos electorales de las provincias o regiones”. La CEC también argumenta que no es una autoridad gubernamental encargada de establecer los servicios mínimos, dejando claro en este punto que “En materia electoral no existe un mínimo de servicios, todos los servicios son necesarios».