Helicóptero del 061 en el Hospital Clínico de Santiago XOAN A. SOLER
Basándose en el informe del Consello de Contas, alerta de que hay 198 concellos donde los tiempos de respuesta de las ambulancias «están por riba do máximo permitido»
03 ago 2023 . Actualizado a las 15:57 h.
El BNG ha criticado este jueves la política sanitaria del PP que, tras el último informe realizado por el Consello de Contas de Galicia, pone en evidencia «os graves déficits» de la sanidad pública gallega, en lo relativo a las listas de espera, la alta temporalidad del personal, la baja calidad del servicio de urgencias o la falta de transparencia en los concursos. «Os 14 anos de políticas de deterioro do PP impactan como un meteorito, deixando a sanidade na uci», afirmó la diputada del BNG Montse Prado en una rueda de prensa.
Afirmó que las conclusiones relativas a los informes de fiscalización de la cuenta general del Sergas y de la Fundación Pública de Urxencias Sanitarias de Galicia-061 del 2021 realizados por el Consello de Contas «poñen en evidencia que a política sanitaria do PP pon en risco a vida e a saúde dos galegos e galegas».
Prado también advirtió que la política sanitaria de los populares coloca «a alfombra vermella á sanidade privada» a través de conciertos y derivación de pacientes, de manera que prestan una atención sanitaria «en función da carteira de cada quen», y no basándose en la necesidad de atención.
La diputada nacionalista recordó que este verano se están produciendo movilizaciones y reclamaciones ante la falta de recursos y médicos, como ocurre en Salvaterra, donde solo atienden urgencias; en el Hospital Montecelo, donde «hai pacientes que levan máis de 20 horas esperando por unha cama», o en el servicio de urgencias de Marín, que está sin facultativos.
Para Montse Prado, esto viene de lejos y se apoya en los informes «demoledores» del Consello de Contas, que apuntan a un incremento generalizado de las listas de espera en el 2021, con aumentos del 42 % en cirugía, un 36 % en consultas y un 41 % en pruebas diagnósticas. Hay 245.000 personas esperando por una primera consulta hospitalaria, 46.000 por una intervención quirúrgica y 250.000 pendientes de una prueba diagnóstica.
El informe del Consello de Contas también señala una alta temporalidad del personal, ya que en el 2021 el 45 % de la plantilla era personal eventual. Así como un aumento exponencial de las consultas telefónicas, que crecieron un 52 % en el 2021, una muestra para la diputada del BNG de que el PP «aproveitou a pandemia para rebaixar a calidade asistencial».
Respecto a los gastos, el informe hace hincapié en que hay un «aumento do 7 % do gasto destinado á prestación de servizos con medios axenos». También advierte de falta de transparencia en la contratación, con contratos en los que se evita la concurrencia competitiva, con una utilización «espuria» del uso permanente de contratos menores, realizados sin publicidad.
Los tiempos de espera
En relación al informe de urgencias sanitarias, el Consello de Contas concluye que no se logra la asistencia en condiciones de equidad, puesto que no está adaptada a las características del territorio. «Moitos veciños e veciñas non teñen igualdade de oportunidades diante dunha emerxencia, cando precisan un soporte asistencial para atender unha urxencia», criticó Prado.
A pesar de que el Sergas establece tiempos máximos de respuesta ante una emergencia, de 15 minutos para el soporte vital básico y 20 minutos para el soporte vital avanzado, la diputada del BNG explica que esto no se cumple «na maioría dos casos».
En 198 concellos, afirmó Prado, los tiempos de respuesta de las ambulancias de soporte vital básico «están por riba do máximo permitido, chegando a triplicar os tempos», con comarcas enteras que ni siquiera cuentan con este servicio, puesto que solo se prestan en 176 ayuntamientos, alrededor de las siete ciudades gallegas. «O tempo medio de resposta está en 31 minutos e hai 76 municipios que están aínda por riba desa media», agregó.
Desde el BNG proponen una serie de medidas, entre las que se incluyen terminar con la derivación de recursos públicos a la sanidad privada, un plan de choque para acabar con las listas de espera y actuaciones para proceder al rescate del transporte sanitario. Un servicio que debe estar prestado «directamente dende a rede pública», además de analizar sus necesidades.