Costa de Boeru, en foto de archivo. Carmela Quijero
La Xunta aconseja a otras comunidades modificar el texto aprobado por el Tribunal Constitucional contra el Estado
13 de mayo de 2024 . Actualizado a las 05:00 a.m.
Se tomaron como referencia tres sociedades Código Integrado de Administración y Gestión de la Costa Gallega de los sistemas que han formulado -o que están en proceso de formular- para determinar sus costos. Ministro de Medio Ambiente, la semana pasada, Ángeles Vásquezparticipó en una reunión en Ibiza en la que participaron asesores y otros funcionarios de los gobiernos autonómicos Islas Baleares Y el Comunidad Valenciana – Con quienes comparte color político
Al interés explícito de estas dos regiones se suma el interés Islas Canarias, que, aunque no consultó directamente a la Xunta, tiene en cuenta la legislación gallega. El Tribunal Constitucional recientemente asestó un golpe al gobierno de España con la ley aprobada por Galicia. Todos los fundamentos de la sentencia están en el informe elaborado por los Servicios Jurídicos de Opiniones y en el informe de la Asamblea Constituyente de Canarias, como dijo hace dos semanas el presidente canario Fernando Calvijo (Coalissin Canaria). Esta autoridad ejecutiva independiente está en negociaciones abiertas con el gobierno sobre sus normas, que ahora cree que cuenta con su apoyo. Sentencia del Tribunal Constitucional sobre Galicia.
Por ejemplo, el Ejecutivo balear solicitó anteriormente un informe sobre las competencias que puede tener una comunidad en la gestión de su litoral, algo que ahora ha quedado más claro con la Norma Gallega.
El Gobierno gallego ha ofrecido a las comunidades interesadas su apoyo y asesoramiento junto a los redactores de la ley gallega, entre ellos varios expertos de la Universidad de Corowa, para que estos territorios puedan desarrollar sus propias leyes independientes de gestión costera. La ministra Ángeles Vázquez considera que la acción conjunta de las comunidades costeras permitiría frenar los intentos del Gobierno central de… Eliminar cualquier actividad humana de la costa.. La ley gallega permite adecuar la actividad económica creando tres franjas de protección en la costa y reconvirtiendo edificios en desuso en otros para proyectos turísticos.