Los delincuentes trataron de saquear la cuenta bancaria de una tercera persona empleando sus datos informáticos
26 mar 2024 . Actualizado a las 13:20 h.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Cambados acaba de exonerar a una mujer que permanecía investigada por su supuesta participación en un caso de estafa. En realidad, el único indicio de que hubiese intervenido en el ciberdelito, el intento de saqueo de la cuenta bancaria de una tercera persona, fue la utilización de su dirección IP, el código que identifica a cualquier dispositivo al conectarse a internet. Un uso fraudulento, puesto que sus datos habían sido suplantados por los verdaderos autores del fraude.
La víctima interpuso su denuncia el 31 de mayo del 2022 ante la Guardia Civil. Relató que un desconocido había intentado realizar cuatro transferencias por un importe de 590 euros cada una desde su cuenta bancaria. Al percatarse de ello, la mujer se puso en contacto con la entidad crediticia y consiguió anular las operaciones. Sin embargo, detectó que el día anterior alguien sí había logrado retirar de su tarjeta 983,45 euros de su tarjeta en una transacción no autorizada a través de la web.
La investigación condujo, en un primer momento, a la IP de esta otra mujer, que fue acusada de haber participado en la ciberestafa. No obstante, su defensa pudo demostrar que no había tenido nada que ver con aquello. Para empezar, porque ninguno de los dispositivos móviles que los piratas informáticos habían conseguido asociar a la cuenta de la víctima era de su propiedad. Ni siquiera las marcas de los aparatos coincidían. La propia Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa en lo que tiene que ver con la investigada, de 41 años, por no existir indicios racionales de que haya intervenido en el intento de saqueo. «El indicio que la vincula es que figura a su nombre la dirección IP de conexión. Pero ha negado todo conocimiento y participación en los hechos, aportando copia de la denuncia que ella misma interpuso por utilización no consentida de su IP por parte de un tercero», explica Fran Peláez, abogado y socio del bufete PenalTech, que la ha representado en este caso.